Compliance y Covid-19: Hacer de la necesidad virtud

Compliance Covid-19

Compliance y Covid-19: Hacer de la necesidad virtud

Resulta evidente que la crisis actual derivada de la pandemia causada por el virus Covid 19, que es totalmente ajena a las decisiones empresariales, y la causada por alguna de las decisiones cuanto menos discutibles del Gobierno de España, va a generar un daño de muy larga y compleja solución en la estructura económica de nuestra nación, y muy especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que conforman la inmensa mayoría del tejido empresarial español. Por tanto, la preocupación básica de todas las empresas, sea cual sea su tamaño, es su supervivencia futura, una vez superada la situación de excepcionalidad que vivimos actualmente.

Sin embargo, esta situación de excepcionalidad, sumada a la incertidumbre propia de la evolución económica, pone de manifiesto ciertas debilidades en la forma de gestionar las actividades, y pone en evidencia de forma nítida la necesidad de disponer de los sistemas de prevención de riesgos penales de las empresas que protejan a las empresas de estos riesgos en la nueva situación.

Covid Homework

Pensemos, por ejemplo, en las consecuencias derivadas de la introducción en la gestión de las empresas de fórmulas de teletrabajo. Dentro del entorno de la empresa, es muy probable que se dispongan de los sistemas de control adecuados que permitan asegurar el adecuado acceso a la información de la empresa, o yendo más allá, una adecuada protección de los datos de carácter personal que la empresa trate. Sin embargo, en un entorno ajeno al propio de la empresa, es necesario reforzar los sistemas de control, e incluso implementar controles nuevos, que aseguren la protección frente a delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197, 197 bis, 197 ter y 197 quinquies CP). O, aunque no sea una responsabilidad estrictamente imputable a la persona jurídica, por no estar incluida en la relación del artículo 31 bis del Código Penal, pero con indudables repercusiones tanto para las personas responsables de la seguridad laboral como en términos de coste reputacional para la empresa, la necesidad de implementar protocolos de seguridad para los empleados que no puedan acogerse a estos sistemas de trabajo a distancia o que deban de atender al público, como consecuencia de que su actividad haya sido declarada básica y no se haya suspendido, protegiendo su salud de eventuales contagios que, aún siendo de dudosa, pero no descartable, responsabilidad de la empresa, siquiera civil, sí lo podría ser de los responsables de este ámbito.

Como es conocido, los programas de prevención de delitos (programas de Compliance), proporcionan a las empresas los mecanismos procedimentales necesarios para cubrir las eventuales responsabilidades en las que, como consecuencia de su actividad, pueda incurrir la empresa y que deriven en su imputación penal. Y si en condiciones normales este tipo de protocolos de prevención de riesgos penales están cobrando cada día más importancia, a la vista del rigor con el que se está aplicando por parte de los Tribunales la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los criterios emanados de la Fiscalía General del Estado, resultan especialmente trascendentales en este momento de absoluta anormalidad, en el que la propia supervivencia de la empresa es, indudablemente, la prioridad básica. Pero es precisamente ahora, cuando aparecen nuevos riesgos hasta ahora no evaluados o integrados en los procedimientos de la empresa, dada la excepcionalidad del momento que vivimos, cuando cobra mayor sentido la implantación de este tipo de programas de Compliance. Programas que evalúen adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta la empresa en condiciones normales de actividad, o a los que se enfrentará a la “nueva normalidad” que regirá los próximos tiempos. Y ello en aras a asegurar la supervivencia, no sólo económica, de la empresa. No olvidemos que el régimen sancionador que el Código Penal establece para la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede llevar hasta su disolución, en una especie de “pena de muerte” societaria, de incalculables consecuencias. En más de treinta delitos puede ser responsable la persona jurídica, entre los que se incluyen delitos fiscales, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los consumidores, estafas, cohecho, medioambientales… y así un largo etcétera, frente a los cuales es indispensable adoptar un adecuado protocolo de protección y actuación por parte de las empresas, que analice correctamente los riesgos a los que se enfrentan e incorpore dentro de su propio modelo de gestión las políticas de prevención que salvaguarden su integridad a futuro.

Entendamos, en consecuencia, la implantación de programas de Compliance, en estos momentos de crisis, como una oportunidad excepcional que ayude a garantizar la supervivencia de la empresa. Hacer de la necesidad virtud, en resumen.

Miguel Ángel Blanes Pascual
Miguel Ángel Blanes Pascual
Director del Área de Derecho Penal Preventivo